«En un momento crucial para la provincia, mientras la Convención Constituyente avanza en la redacción del texto constitucional, es imperativo que escuche a la ciudadanía y elimine de una vez por todas los privilegios» dijo el edil de San Javier. A la vez que detalló algunas propuestas fundamentales que han sido presentadas para su consideración.
Unicameralidad: Hacia una legislatura ágil y eficiente
Es hora de que Santa Fe adopte una Legislatura unicameral. Entendiendo la soberanía de los cuerpos parlamentarios y la posibilidad de una ratificación por consulta popular, esta medida debe implementarse ya. La propuesta busca una cámara de 50 legisladores, donde 19 sean elegidos de forma uninominal para garantizar la representación de cada departamento, y los 31 restantes se elijan por distrito único provincial.
Esta reforma es necesaria para dejar de mantener estructuras costosas en detrimento del sector privado, que es el verdadero motor de la economía. Los sistemas unicamerales son más ágiles y eficientes, mejorando la calidad institucional. No hay excusas para no avanzar. Si surge alguna duda, una consulta popular puede ofrecer la solución legal y legítima para este cambio. Terminar con los privilegios debe ser una decisión inmediata y firme.
Independencia del Poder Judicial
La justicia es el último bastión en la defensa de nuestra vida, familias y bienes. Por ello, la selección, evaluación y destitución de sus miembros debe ser completamente independiente del Poder Ejecutivo, de la política y de cualquier otro tipo de injerencia. Se propone la creación de un Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de miembros del Poder Judicial que sean autónomos para asegurar la transparencia y la imparcialidad en su funcionamiento.
Juicios por Jurados: Fortaleciendo la igualdad ante la ley
Para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es vital implementar los juicios por jurados para todos los delitos cometidos en la provincia. Esta modalidad fortalecería la participación ciudadana, reduciría el margen de error de los tribunales y protegería a los jueces de presiones políticas o de otros actores con poder. Una ley legislativa deberá establecer los requisitos, pautas y condiciones para resguardar los derechos de las víctimas y de las partes en cada proceso bajo esta modalidad.
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