Denuncian posibles negociaciones incompatibles y conflicto de intereses en la obra de defensa contra inundaciones
Dos funcionarios públicos solicitaron formalmente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) la apertura de una investigación penal por presuntas irregularidades vinculadas a la obra pública denominada “Defensa contra inundaciones y estabilización de barrancas – Zona Este de la ciudad de San Javier”, una de las intervenciones de infraestructura más importantes del departamento.
La presentación fue realizada por Luis Alberto Gorosito, agente de la Policía de la Provincia de Santa Fe, y Claudio Fabián Palo Oliver, diputado provincial, con el patrocinio del abogado Rodrigo Martín Fernández, conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código Procesal Penal provincial.
La obra y el financiamiento
La obra corresponde a la Licitación Pública Internacional N° 02/2023, con un presupuesto asignado de $23.890.642.888,15, y fue adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Dragados y Obras Portuarias S.A., Sabavisa S.A. y Obring S.A.
Inicialmente, el proyecto contó con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En la actualidad, la obra es financiada por el Estado provincial, a través de un préstamo internacional de 25 millones de dólares del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), lo que permitió reanudar los trabajos tras su interrupción en julio de 2024.
El eje de la denuncia
Según la denuncia, existirían vínculos comerciales entre el senador provincial por el departamento San Javier, Oscar Alfredo Dolzani, y al menos una de las empresas encargadas de la obra, específicamente Obring S.A.
De acuerdo con la documentación aportada, el 27 de enero de 2026, la firma “Corralón Dolzani”, propiedad del legislador, habría facturado a Obring S.A. $18.894.036,11 por la provisión de materiales y servicios de obra, entre ellos hormigón elaborado, servicio de bombeo, traslados de equipos, fletes y viáticos. Los servicios habrían sido prestados en el obrador de la empresa en la ciudad de San Javier, y estarían directamente vinculados a la obra pública financiada con fondos provinciales.
Posibles delitos e incompatibilidades
Los denunciantes sostienen que, de comprobarse los hechos, el senador podría haber incurrido en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, y violaciones a la Constitución Provincial, a la Ley de Ética Pública y al régimen de incompatibilidades para legisladores.
En el escrito se remarca que, además de su rol como senador, Dolzani participó en la aprobación del endeudamiento provincial y del presupuesto que financia la obra, lo que —según los denunciantes— agrava el presunto conflicto de intereses.
Pruebas y medidas solicitadas
La presentación incluye facturas, remitos, constancias impositivas, datos del padrón electoral y el currículum oficial del senador, y solicita al MPA una serie de medidas de prueba, entre ellas:
Informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
Requerimientos al Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe
Pericias contables y técnicas
Informes bancarios sobre operaciones entre las partes involucradas
El objetivo, según expresan los denunciantes, es determinar si existieron más operaciones comerciales similares y establecer si las conductas denunciadas encuadran en figuras penales previstas por el Código Penal Argentino.
Amplían denuncia penal por la obra de defensa de San Javier y aportan un descargo público del senador Dolzani como prueba
El legislador reconoció la venta de materiales a una empresa a cargo de la obra y afirmó que mantiene vínculos comerciales habituales con firmas financiadas por el Estado
La denuncia penal vinculada a la obra pública “Defensa contra inundaciones y estabilización de barrancas – Zona Este de la ciudad de San Javier” fue ampliada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la incorporación de nueva prueba documental y audiovisual.
La presentación fue realizada por Luis Alberto Gorosito y Claudio Fabián Palo Oliver, con patrocinio del abogado Rodrigo Martín Fernández, y amplía el pedido de investigación formulado el 5 de febrero de 2026, en el que se denuncian presuntas irregularidades y conflictos de intereses vinculados al senador provincial Oscar Alfredo Dolzani.
El descargo del senador como prueba incorporada
Entre las nuevas pruebas aportadas se incluye un video publicado por el propio senador Dolzani en sus redes sociales el 6 de febrero, con una duración de 6 minutos y 33 segundos, en el que realiza un descargo público respecto de la denuncia en su contra. El material audiovisual, junto con capturas de su difusión en Instagram y Facebook, fue remitido formalmente al MPA.
Según consta en la ampliación, durante ese descargo el legislador reconoció expresamente la operación comercial cuestionada. En el video, Dolzani afirmó que el Corralón Dolzani realizó una venta de materiales y servicios a la empresa Obring S.A., una de las firmas integrantes de la UTE a cargo de la obra de defensa de San Javier.
Los denunciantes sostienen que estas manifestaciones públicas validan la documentación acompañada en la denuncia original, que incluye factura y remito por más de 18 millones de pesos.
Reconocimiento de una práctica habitual
La ampliación de la denuncia también resalta que, en su exposición pública, el senador presentó como habitual su vinculación comercial con empresas que ejecutan obras financiadas por el Estado provincial.
En ese marco, Dolzani manifestó que durante los años 2024 y 2025 el Corralón Dolzani también habría vendido materiales a empresas vinculadas a la construcción del Parque Solar de San Javier, obra que cuenta con financiamiento provincial por más de 356 millones de pesos. Según se indica en el escrito, el propio senador habría participado en gestiones políticas relacionadas con ese proyecto.
Para los denunciantes, estas declaraciones amplían el alcance de la investigación y refuerzan la necesidad de analizar si existieron múltiples operaciones comerciales entre el legislador y empresas beneficiadas con fondos públicos.
Nuevas figuras penales bajo análisis
A partir del contenido del descargo público, la ampliación solicita al MPA que evalúe la posible comisión de otros delitos, además de los ya denunciados, entre ellos:
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Omisión de denunciar hechos ilícitos
Instigación a cometer delitos
Amenazas coactivas
En el escrito se menciona que, durante el video, el senador realizó expresiones que, según los denunciantes, podrían constituir incitación a la violencia y coacción, las cuales solicitan que sean analizadas en el marco de la investigación penal.
Pedido de profundización de la investigación
La ampliación reitera y extiende el pedido de medidas de prueba, solicitando informes impositivos, bancarios, pericias contables y técnicas, y el análisis del material audiovisual aportado, con el objetivo de determinar si las conductas reconocidas públicamente por el legislador encuadran en tipos penales previstos por el Código Penal y en normas de ética pública vigentes en la provincia.
La causa quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, que deberá evaluar la documentación, las declaraciones públicas y las pruebas incorporadas para definir los pasos a seguir.
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